En el día 27 de mayo del corriente año la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció el inicio de actividades de un nuevo Tribunal de Trabajo en la ciudad de Mar del Plata (resolución n° 1161/22). Será el Tribunal de Trabajo n° 5 y entrará en funciones el día 4 de julio de 2022 en el edificio de la calle Tucumán al 2700. Hasta aquí, nada llamativo; sin embargo, cuando observamos los nombres designados para integrar el trío de juezas que compondrán este organismo podemos distinguir uno especialmente polémico: el de la Dra. Stella Maris Moscuzza.
Este nombre resuena por estar asociado a una de las familias más poderosas de la ciudad, no sólo del sector pesquero, sino a nivel general. En su perfil de Linkedin, se presenta como “Asesora Jurídica de Empresas en Derecho Laboral y Negociación Individual y Colectiva, titular del Estudio Moscuzza Abogados y docente de la UNMdP”. Es decir, no sólo existe un vínculo familiar, sino también uno laboral: se encarga de ser la defensora de la empresa Pedro Moscuzza e hijos S.A en la mayoría de las demandas en su contra. En general, estas demandas son llevadas a cabo por trabajadorxs que denuncian la falta de pago de indemnizaciones, accidentes laborales, enfermedades profesionales, entre otros. De hecho, Pesquera Atlántica, de Pedro Moscuzza, fue la primera firma pesquera del fresco en ser demandada en el fuero laboral durante los años sesenta por no reconocer la relación laboral y utilizar cooperativas fraudulentas. La sentencia fue favorable a lxs trabajadorxs y sentó precedente para otras decenas de casos auspiciados por el abogado Norberto Centeno, una de las víctimas de la “noche de las corbatas”.
La Dra. Moscuzza debería asumir un rol imparcial ante las partes, como supuestamente deben hacerlo lxs jueces. En el caso del derecho laboral, a diferencia del resto, lxs magistradxs deben ejercer la efectiva tutela, es decir, el principio protectorio de la parte más débil: el trabajadxr. Supongamos que existe la voluntad de ser lo más objetiva posible y ejercer esta efectiva tutela: pero siendo asesora de empresas y miembro y patrocinadora de la defensa de una familia con varias demandas en los Tribunales Laborales de nuestra ciudad, ¿cómo podemos creer que no existirá subjetividad a la hora de dirimir los conflictos?
Como dato a destacar: la abogada es parte defensora en 12 de las 22 demandas iniciadas a la empresa de su tío en los últimos 15 años, radicadas en el Tribunal de Trabajo n° 1, en los 10 expedientes restantes analizados no se pudieron distinguir lxs abogadxs de la parte demandada.
La elección de lxs magistradxs es por medio de un concurso de antecedentes: se rinde un examen y luego de ese filtro resuelve la designación el poder legislativo (en este caso, el Senado de la Provincia de Buenos Aires). Según fuentes pertenecientes al ámbito del derecho laboral y al Sistema Judicial, Moscuzza fue designada con currículum de mucho menos peso que otrxs abogadxs que se habían postulado, quienes en algunos casos han llegado a ganar varios concursos y jamás han sido designados por su perspectiva laboral. En cambio, esta abogada, posee casi nulos antecedentes académicos y carece de publicaciones, fundamentalmente su historial profesional radica en haber sido y ser abogada de las empresas familiares. Teniendo en cuenta su descripción profesional, parece bastante claro que su línea es pro empresarial, o al menos es el sector con el que mayor vínculo posee e incluso al que pertenece. Siendo miembra del círculo empresario difícilmente pueda ser una magistrada que se ubique del lado del trabajadxr para contrarrestar la supremacía del patrón, como lo indica la Constitución. Teniendo en cuenta que, en general, lxs abogadxs de la parte patronal raramente se cruzan de vereda.
Stella Maris Moscuzza podría ser definida como una jueza pro patronal, por sus antecedentes jurídicos, resumidos en su participación como abogada de la familia Moscuzza. La presencia de la jurista en un ente que debe garantizar el cumplimiento de las leyes laborales disuade a lxs trabajadorxs de iniciar demandas por el incumplimiento de sus derechos laborales, y augura malos resultados para quienes decidan iniciarlas. En palabras de integrantxs de la Asociación de Abogados Laboralistas: “los trabajadores ahora sepultan su único bastión de reivindicación que era la justicia porque únicamente un trabajador reclama los derechos cuando se rompe la relación laboral, digamos, no se le ocurriría a un trabajador decir ‘me debés el aguinaldo’ y ‘voy a ir a juicio’ mientras existe la relación laboral. Entonces imaginate que durante la relación laboral no solicitás que se ejerzan tus derechos, y cuando se rompe la relación vas a los Tribunales y te encontrás con una magistrada pro patronal.”
Es inevitable preguntarnos el porqué de esta designación que parece ser arbitraria. ¿Cómo es qué una empresaria y ferviente defensora de los derechos empresariales es designada para estar a la cabeza de un tribunal laboral? ¿Qué motivos políticos y partidarios hay detrás, cuáles son los intereses en juego? ¿Por qué el gobierno tiende a favorecer sistemáticamente a la patronal a la hora de tomar este tipo de decisiones?